Las organizaciones ecologistas muestran su rechazo ante los “corredores verdes”
Las organizaciones Amigos de la Tierra, Comité Ciudadano de Emergencia de la Ría del Ferrol, Ecologistas en Acción, Fundación Renovables, Greenpeace, Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y WWF muestran su rechazo ante los proyectos de interconexión gasista presentados, denominados por los gobiernos de Francia, Portugal y España como “corredores verdes”. En este sentido, las organizaciones ecologistas y sociales consideran que tanto el gasoducto submarino como la tercera conexión con Portugal “son innecesarias, suponen un impedimento para una transición energética justa, son un lavado verde para la industria gasista y bloquean fondos que deberían dirigirse a soluciones reales que ya pueden ser implementadas”.
Además, estas asociaciones celebran el “adiós definitivo” al MidCat, “una prueba más de que el fin del gas fósil como fuente de energía está más cerca”. Así, consideran que lo más probable es que la propuesta de nuevo corredor submarino, llamada BarMar, tampoco se llevará a término por la inviabilidad del proyecto. Sin embargo, “mientras se desestima la idea, se perderá tiempo, esfuerzo y dinero público en estudios que podrían destinarse a las verdaderas soluciones: el ahorro energético y las renovables dimensionadas”.
En la actualidad, el 99% del hidrógeno producido procede de combustibles fósiles, principalmente del gas fósil. Según las organizaciones, la promoción del hidrógeno sigue atando a la ciudadanía al consumo de gas fósil y “construir un supuesto hidroducto internacional es incompatible con la red de gasoductos nacionales”. Por su parte, la construcción resulta muy complicada al ser un gasoducto submarino, siendo necesario un estudio técnico del fondo marino e impactos a los ecosistemas marinos.
Las distintas organizaciones también recalcan que, “aunque no conocemos en detalle el trazado, atravesará el Golfo de León, que es una de las zonas con mayor índice de biodiversidad en el Mediterráneo”. También existen cuestiones de vulnerabilidad geográfica e impactos medioambientales y climáticos, puesto que no se ha evaluado cómo afectarían las fugas de hidrógeno en los ecosistemas marinos ni sus impactos en la atmósfera. Por su parte, las organizaciones también consideran que actualmente el proceso de electrólisis tiene una pérdida de eficiencia del 30%, “lo que provocaría un sobredimensionamiento de la generación renovable y megaproyectos en el Estado español”.
A nivel político, las asociaciones ecologistas expresan su sorpresa ante este cambio de postura del Estado francés, que desde el año 2011 se ha opuesto a la construcción de interconexiones que no fueran eléctricas. Asimismo, denuncian el discurso Hub energético con el que España se ha posicionado en las últimas décadas como exportador de energía para el centro de Europa. Por ello, las organizaciones se preguntan si es un proyecto “realmente necesario para responder a las necesidades energéticas de la ciudadanía y hacer frente a la actual crisis energética”. Además, esta decisión “aleja una transición energética que se base en energías renovables y que sea justa”.
Así, tras el anuncio realizado por los gobiernos francés, portugués y español, las organizaciones ecologistas inician una campaña para paralizar esta nueva megainfraestructura energética, que se basa en un posicionamiento político de estos gobiernos sin saber cuál es la opinión de los reguladores de la energía.