LA JUSTICIA SIGUE CORRIGIENDO PROCESOS GUBERNAMENTALES, DE AUTORIZACIÓN DE PARQUES EÓLICOS EN GALICIA
En la misma semana que las principales organizaciones ecologistas y ambientalistas de España advertían de la necesidad de que el Parlamento frenara la intención del Gobierno del Estado, de eliminar el proceso medioambiental de las autorizaciones de nuevos parques eólicos, en Galicia la justicia vuelbve a poner en tela de juicio la tramitación seguida en este tipo de de infraestructuras energéticas . Son ya varios los parques declarados ilegales y algunos (un proceso que parece no haber hecho más que empezar) los paralizsados cautelarmente.
En ámbito nacional se advierte de que el proceso de transición energética española “se quedará varada en los tribunales si se empeña en mantener los recortes. a la participación ciudadana en los trámites de parques solares y eólicos”. Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF advierten de que la medida incluida por el Gobierno por Real Decreto Ley, que pretende acelerar el despliegue de nuevas energías renovables eliminando trámites de participación social y de garantías ambientales, puede tener un efecto contrario al que pretende: "en vez de acelerar el proceso para que España tenga un sistema eléctrico 100% renovable, es probable que ralentice el despliegue de renovables a base de demandas en los tribunales, erosionando la participación y aceptación social de la necesaria transición energética, y todo elloal tiempo que expone a numerosas especies amenazadas y espacios de alto valor ecológico a un riesgo innecesario y sin precedentes”
La medida debe pasar ahora trámite de convalidación en el Congreso y será de aplicación para todos los proyectos que tramite el Gobierno (los superiores a cincuenta megavatios, los más grandes), pero la norma abre la puerta a las Comunidades Autónomas a aplicarlo en sus tramitaciones y territorios. Las cinco asociaciones denuncian que la iniciativa tendrá un "difícil encaje con lo que establece la Directiva que regula los trámites de impacto ambiental en toda la Unión Europea", porque acorta significativamente los plazos de tramitación ambiental para los proyectos de mayor tamaño que, precisamente por ser más grandes y cubrir más superficie, tienen en general más riesgo de generar impactos críticos contra el medio ambiente. Las cinco organizaciones avisan de la paradoja: que proyectos más pequeños, incluso algunos vinculados a comunidades energéticas locales, tengan un procedimiento ambiental mucho más exigente y dilatado en el tiempo que proyectos de más de 50 MW.
proyectos renovables de una tramitación ambiental ordinaria tiene
NUEVOS FRENOS JUDICIALES EN GALICIA
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, mediante Auto de 16 de diciembre, acuerda la paralización cautelar del parque eólico "Monte Toural", al igual que hizo con "Campelo" y "Bustelo", los tres de la energética Greenalia. ADEGA y la PDCC (Plataforma en Defensa dela Cordillera Cantábrica) interpusieron los correspondientes litigios contra las autorizaciones de la Xunta para estos tres parques, solicitando también su suspensión cautelar. Y como había sucedido con los otros dos parques eólicos, el Tribunal vuelve a dar la razón a ADEGA y PDCC y acuerda paralizar también el "Monte Toural", en aplicación del principio de cautela y por la preeminencia del medio ambiente sobre otros intereses, incluidos los del desarrollador.
Esta vez también, ya diferencia de los litigios contra los parques "Campelo" y "Bustelo", el TSXG no impone ninguna garantía económica a ADEGA y al PDCC a pesar de que Greenalia lo solicita, alegando pérdidas en torno a los 12 millones de euros. También hay que recordar que las fianzas impuestas en el caso de los otros dos parques (10.000€ en cada caso) fueron finalmente levantadas por la Audiencia al acoger las objeciones de ADEGA y el PDCC. Además, el TSXG impone en esta orden el pago de costas a Greenalia y la Xunta.
Llama la atención, a los denunciantes, que el documento de alegaciones presentado por Xunta y Greenalia son prácticamente idénticos, y se basan, entre otros argumentos, en el interés público de desarrollarlo. energías renovables y en ausencia de daños irreparables a los hábitats y especies afectados. No obstante, la Xunta y compañía reconocen impactos sobre los hábitats (dos humedales catalogados) y las especies protegidas, incluidas algunas endémicas y en peligro de extinción (Lycopodiellainundata, Euphorbia uliginosa y Centaurea ultreiae, entre otras).
El Tribunal destaca la necesidad de aplicar los principios de prevención y precaución por la "relevancia excepcional" del espacio natural protegido (humedal inventariado -Lagoa Alcaián- y paisaje protegido) y de las especies en peligro real de extinción, "una de ellas endémica y en peligro crítico”, que seguramente se verá afectada por las obras. También dice que la mera existencia de medidas correctivas no garantiza que no se produzcan daños irreparables.Por tanto, el Auto indica que existe un cierto y reconocido riesgo de daño a los hábitats y especies si se inician las obras, se impone la necesidad de proteger este bien jurídico superior, el medio ambiente, por encima de cualquier otro beneficio.
La Corte exime a ADEGA y PDCC de pagar fianza
Greenalia también alegó que en caso de otorgar la medida cautelar, el Juzgado había impuesto una garantía a los demandantes en forma de garantía económica. De esta forma, la compañía quería compensar los gastos ya realizados y la pérdida de las inversiones previstas en el proyecto, que estimó en 12 millones de euros. No obstante, consideran desde ADEGA, “el TSXG da a Greenalia y a la Xunta una nueva bofetada jurídica al reconocer que "la protección cautelar del medio ambiente no puede subordinarse a la situación económica del recurrente, cuando no actúa en interés meramente privado, sino de carácter colectivo". ".
Es obsceno, sostienen en ADEGA, “ que la Xunta se alinee con los intereses particulares de determinadas empresas en lugar de defender los bienes públicos, y tenemos que ser las entidades medioambientales y sociales las que en la práctica asumamos esa función. ADEGA y el PDCC seguirán en la lucha contra los saqueos y la corrupción eólica y por otro modelo más respetuoso con el medio ambiente y los derechos de los ciudadanos”.