Greenpeace analiza las necesidades para que las administraciones eviten grandes incendios forestales
El informe “Grandes Incendios Forestales. Ante incendios de alta intensidad la gestión forestal es urgente” es presentado por Greenpeace. Según afirman, el objetivo de este informe es examinar el compromiso de las administraciones públicas para prevenir grandes incendios forestales, ver si están cumpliendo la normativa existente en las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) y analizar la inversión en gestión forestal que están haciendo ante la gran cantidad de incendios que está habiendo en gran parte de la península ibérica y del Mediterráneo. En dicho informe se recogen tanto el análisis de las administraciones como las conclusiones a las que la organización ecologista ha llegado tras estudiar los datos entre las que destacan la “prevención” como la prioridad para evitar los incendios. En el trascurso de este informe, la organización ecologista Greenpeace ha llegado a seis conclusiones, entre las que destacan la coordinación estatal y la revisión de los presupuestos, y varias demandas para el Gobierno central y las Comunidades Autónomas.
En el Mediterráneo (Grecia, Italia, Argelia y España), los incendios son más frecuentes y peligrosos debido a los efectos del cambio climático que son cada vez más evidentes. Según estudios, el cambio climático también incrementa las tormentas eléctricas, lo que aumenta el número de incendios provocados por rayos. Los incendios son una parte de los ecosistemas mediterráneos, sin embargo, han evolucionado y han alcanzado niveles de intensidad que hacen que los operativos en extinción estén preocupados por la falta de seguridad.
Según reporta Greenpeace, uno de los países de la UE con mayores daños por incendios es España. De los últimos 28 años, 2022 fue el peor; ocurrieron 57 Grandes Incendios Forestales (GIF), que causaron más del 80 % de la superficie quemada (tan solo 57 de los 10.507 incendios totales). Estos incendios están siendo incontrolables y no pueden ser controlados por las fuerzas del orden. Un total de 30.000 personas fueron desalojadas de sus casas, cuatro personas murieron y noventa fueron heridas, miles de hectáreas de gran valor ambiental afectadas, la pérdida de infraestructuras y medios de vida de la población rural. Las cifras ya eran las peores de la década en mayo de 2023, antes incluso del periodo estival.
Las informaciones más recientes indican que se han quemado 62.794,64 hectáreas, se han producido 16 GIF y se han llevado a cabo 9.000 evacuaciones. Los últimos grandes incendios han afectado más de 10.000 hectáreas en Pinofranqueado (Cáceres) y 3.162 hectáreas en Puntagorda (La Palma), de las cuales 200 se encuentran en el Parque Nacional de Taburiente.
Es por ese motivo por lo que Greenpeace considera que la prevención es esencial para evitar y reducir los daños causados por los grandes incendios forestales. La explicación se divide en dos aspectos principales: uno se enfoca en disminuir las causas que provocan el incendio, mientras que el segundo se enfoca en controlar el entorno que rodea el incendio. Considerando que la propagación del fuego varía según la ubicación geográfica, las condiciones meteorológicas y la cantidad de combustible (la vegetación que podría arder), la clave es tener un paisaje gestionado, ya que las dos primeras no pueden ser alteradas.
Otra de las causas que explica la organización que se debe evitar es el declive de las zonas rurales, que ha provocado un aumento en la superficie forestal debido a las sequías y olas de calor, lo que supone la desecación de la vegetación debido a la pérdida de agua (evapotranspiración), lo que la convierte en "combustible" para el fuego. La prevención y los recursos necesarios para la gestión forestal son cruciales para combatir los incendios de manera efectiva.
Tal y como afirma la responsable de la campaña de incendios de Greenpeace España, Mónica Parrilla, «Es urgente priorizar la prevención en un contexto de emergencia climática ante incendios devastadores de los que nos advierten que no se puede garantizar la seguridad. La clave es la prevención, y la prevención significa gestión forestal, cumplimiento de la planificación y por supuesto recursos económicos y humanos necesarios para hacerlos efectivos».
En cuanto a las conclusiones, el informe de Greenpeace destaca la dificultad de coordinar a nivel de las administraciones estatales y autonómicas, ya que el cumplimiento de la normativa es complicado debido a su diversidad; así como también a los problemas de acceso a la información; la falta de claridad en las páginas web; la divergencia entre la información publicada; la diversidad de niveles de planificación; y la falta de claridad en el concepto de "planes de prevención" o la propia identificación de la ley. Declara que la colaboración entre el gobierno central y las CC.AA. es esencial, y para lograrlo, es necesario continuar avanzando en un marco de acción común a nivel nacional que pueda unir a todos los actores involucrados, públicos y privados.
Greenpeace quiere enfatizar también la necesidad de ordenar el suelo (público y privado) para luego poder gestionarlo correctamente. Según informan, Existen más de 28 millones de hectáreas de bosques en España. Solo el 27% son propiedad del gobierno y solo el 54,8% tienen planes de ordenación (primer paso de la gestión). Ponen como ejemplo a la Comunidad de Madrid que posee una mayor cantidad de tierras forestales públicas (un 16%), pero solo tiene un 19,5% de su superficie ordenada.
Es por ello por lo que les resulta "esencial" que las autoridades públicas actúen de manera ejemplar en el manejo de la superficie forestal privada, que representa el 73 % del total y de la cual casi el 86 % carece de planes de ordenación. Para este caso pone de ejemplo a Galicia que cuenta con un 99 % de superficie forestal privada con un 23,1 % de superficie forestal privada ordenada, mientras que Canarias cuenta con un 80 % de superficie forestal privada con un 0 % de superficie forestal privada ordenada.
Aclara que actualmente no hay estadísticas ni acceso a información forestal adecuada para proporcionar una imagen precisa y completa del estado de los bosques españoles, lo cual es crucial para prevenir. Los datos de la superficie forestal, sujeta a planes de ordenación, y CCAA se encuentran disponibles a nivel general. Sin embargo, los datos gestionados de superficie (es decir, el presupuesto y la implementación del programa) siguen siendo un misterio.
Otra de las conclusiones es la determinación del presupuesto destinado a la gestión de los incendios forestales. Según la investigación de Greenpeace, no hay información para determinar la cantidad de dinero invertida en la gestión forestal en comparación con el gasto de las autoridades en la extinción de bosques. La mayoría de los presupuestos consultados carecen de categorías que se puedan distinguir fácilmente como "control de incendios forestales". Solo las estadísticas de Galicia, Extremadura, Castilla la Mancha y Baleares son adecuadas para diferenciar la inversión en prevención y en extinción.
Además del problema de los presupuestos Greenpeace también ha encontrado dificultades en las CCAA para cumplir la planificación preventiva y de extinción. El informe recopila las respuestas de las CCAA a la Ley de Montes y la Directriz Básica de Protección Civil sobre los planes de emergencia local. La organización ha enfocado su atención en las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, las cuales han sufrido los mayores incendios forestales en el transcurso de este siglo. Castilla y León recibe la clasificación más baja debido a su falta de planificación. En esta comunidad actualmente con gran vulnerabilidad frente a incendios de alta intensidad, debe ser una prioridad el cumplimiento de la planificación en materia de incendios forestales y políticas que aborden los problemas de despoblación.
Una de las conclusiones más evidentes es que la información crucial no está disponible. En un contexto de emergencia climática, declara que esto es un grave error y un síntoma claro de la necesidad de priorizar su creación y acceso para contribuir al reto de reducir el impacto de los incendios forestales. Además, tras una consulta directa (para obtener información fuera del proceso de solicitud administrativa), la organización ha descubierto que muchas administraciones tienen escasez de recursos humanos para abordar dichas solicitudes debido a la priorización del calendario preexistente de trabajos, las circunstancias laborales o la gestión directa de incendios forestales. Del mismo modo, Greenpeace reconoce el esfuerzo adicional del personal técnico que proporcionó la información.
Como conclusión de este informe, resaltan que «los planes de autoprotección son una asignatura pendiente y son cruciales para crear comunidades activas que prevengan y ayuden a los servicios de extinción». La administración autonómica no tiene conocimiento de la existencia de planes de escala municipal en muchos de los casos consultados. Las administraciones están obligadas a implementar programas de concientización de la Ley 43/2003 de Montes, aunque la responsabilidad recae en la persona, física o jurídica, titular de las instalaciones a las que se refiere el plan.
Finalmente, demandan, por un lado, al Gobierno central la necesidad de definir las directrices y criterios comunes para la elaboración de los planes de prevención del Real Decreto urgente del año pasado (Ley 15/2022). Además, fortalecer las capacidades del Comité de Lucha contra los Incendios Forestales (CLIF) y aumentar la disponibilidad de información para promover una cultura forestal basada en la transparencia y la participación de todos los actores sociales. Así como también ve fundamental disponer de fondos a través de un fondo presupuestario destinado a apoyar la prevención de incendios y la gestión forestal, que se estima en alrededor de 1.000 millones € anuales para administrar el paisaje forestal a nivel nacional.
Por otro lado, a las CCAA demandan la priorización de los recursos destinados a la gestión y ordenación de las masas forestales en propiedad pública, así como a la creación de programas para impulsar la propiedad privada. Así como también el cumplimiento de la planificación preventiva y de emergencias establecida por la Ley de Montes y la Directriz Básica de Protección Civil, especialmente en la Región Noroeste, donde las comunidades de Cantabria, Asturias y Castilla y León tienen una planificación deficiente y muy deficiente.
Tal y como concluye Mónica Parrilla, «el análisis deja claro que los montes españoles siguen siendo susceptibles a sufrir incendios de alta intensidad porque no se prioriza su gestión ni los presupuestos destinados. Se necesita una coordinación global para asegurar el cumplimiento de las CCAA, así como un fondo presupuestario destinado a la gestión de nuestros montes».