Galicia Ambiental pide la intervención urgente de la Fiscalía y denuncia la peligrosidad de la acción de ADIF en Sobradelo
La Asociación Galicia Ambiental pide la intervención de la Fiscalía en el caso del presunto delito ambiental cometido por el ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), posterior a sendas faltas graves de desobediencia a la autoridad (CHM-S) y contra le Ley de Residuos al precipitar al río Sil dos vagones de un tren siniestrado hace unos días. Esta petición se asienta en el hecho de que el caso va mucho más allá de una desobediencia a la Confederación Hidrográfica Miño – Sil, lo que habría provocado que el SEPRONA tomase conocimiento de esta acción. Podría tratarse además, según las informaciones a las que ha tenido acceso Galicia Ambiental de una falta grave en la gestión ilegal de residuos peligrosos y un presunto delito ambiental derivado de lo anterior.
Teniendo en cuenta la Ley 22/2011, y su Artículo 3 en el que se especifica que «Residuo»: es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la obligación de desechar. El ADIF, al renunciar a la recuperación y reparación de los vagones incurre en una primera falta grave “por no entregárselos a un gestor autorizado” y en cambio en este caso toma la decisión de tirarlos por un terraplén hasta el curso del río.
Pero además de esta circunstancia hay que añadir que existen sustancias y componentes contaminantes presentes en el modelo de vagón precipitado, como pueden ser los fluidos que se utilizan para los sistemas hidráulicos y de suspensión (que según las mismas fuentes no fueron purgados) o el tipo de zapata de frenado en los que uno de los componentes principales (en este modelo) del férodo de las pastillas era el amianto. Desde el 2002 se prohíbe la fabricación de pastillas de freno con amianto, y se sustituye por zinc y latón, pero durante años se siguió vendiendo material ya fabricado, por ello, todavía hoy en día hay vagones con pastillas de ferodo de amianto. Por ello solicitamos que se extraigan estos residuos industriales de los vagones y se envíen a un gestor autorizado si se comprueba que se trata del férodo que habitualmente se usaban en los mismos modelos de vagones que el ADIF ha precipitado deliberadamente y contra el criterio de la autoridad competente, por el talud.
ADIF: una treintena de expedientes por malas prácticas
ADIF, presidida por la gallega Isabel Pardo de Vera, pretendía con lo sucedido en Sobradelo ahorrarse así los costes derivados de desplazar a la zona un equipo de desguace y eventualmente una grúa para trabajos ferroviarios y, con ello, el cierre comercial de la vía. Con esta acción, anteponía, una vez más, los criterios económicos a los ambientales, en una tristemente famosa línea por el uso durante décadas y en las riberas del río Sil, de glifoxato en el “tren herbicida”, convoy cisterna con el que se realizan sistemáticas fumigaciones para evitar el crecimiento de malas hierbas, en lugar de realizar las más costosas cortas mecánicas.
Si finalmente se confirma la apertura de un expediente sancionador por la acción tomada por ADIF este pasado domingo en Sobradelo, éste haría engrosar, más aún si cabe, la larga lista de expedientes por malas prácticas que acumula ya a lo largo de estos últimos años. En concreto, en los últimos tres años, ADIF, reúne una treintena de expedientes por malas prácticas que van desde la gestión irregular de biomasa con riesgo de incendios a vertidos de hidrocarburos en Lugo. De estos expedientes, una decena de las sanciones no superaron os 3.000 euros, haciendo verdad aquello de que “es más barato contaminar y pagar, que hacerlo bien”.
Primeras diligencias e investigaciones
En esta jornada, la Xunta de Galicia acaba de iniciar un expediente sancionador contra ADIF, ente público dependiente do Ministerio de Transportes, Mobilidad y Agenda Urbana, por su responsabilidad en el depósito de los dos vagones de tren que acabaron en el margen derecho del río Sil, hechos que podrían ser constitutivos de una infracción tipificada como grave en la Ley de residuos estatal. La acción de ADIF podría constituir una infracción administrativa grave tipificada en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados y en la Ley 10/2008 de residuos de Galicia como “abandono, vertido o eliminación de cualquier tipo de residuos no peligrosos”. La multa prevista para este tipo de infracciones oscila entre los 901 y los 45.000 euros aunque en este caso concreto el acuerdo de inicio del sancionador propone una multa de 35.000 euros.
Además de los posibles daños provocados al medio ambiente que investiga la Xunta, en el día de ayer, miércoles 5 de agosto, el Ministerio de Transición Ecológica confirmaba que la Confederación Hidrográfica del Miño – Sil iniciaba la apertura de diligencias previas para investigar lo sucedido el pasado domingo en Sobradelo, Ourense. Explican que desde el día de los hechos los servicios técnicos realizan de las posibles afecciones a la calidad de las aguas mediante muestreos periódicos, así como otras diligencias y labores de investigación, “visualización de videos, fotografías de informes de guardería fluvial, para esclarecer los hechos y determinar los posibles daños ocasionados al dominio público hidráulico y sus zonas de protección”, y si fuese el caso, proceder a la incoación del correspondiente expediente sancionador. Con todo, las primeras investigaciones constatan que los vagones “habrían sido empujados de forma intencionada para que se produjera su caída por el talud”, una maniobra por parte de ADIF que hay que recordar no contaba con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Miño – Sil.
Malestar en las organizaciones ambientales y petición de responsabilidades
Al igual que Galicia Ambiental son varias las organizaciones que muestran su malestar y denuncian los hechos ocurridos este pasado domingo. Diversas organizaciones, como Amigos da Terra, ADEGA (cuya petición de actuación fiscal compartimos) o la Sociedade Galega de Historia Natural, presentan denuncias por el lanzamiento al río Sil de los dos vagones del tren de mercancías que descarriló en Sobradelo, ante el SEPRONA, el Servicio de Conservación de la Naturaleza de la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño – Sil para determinar responsabilidades.
Los colectivos entienden que ADIF podría haber optado por otras alternativas para retirar los vagones que evitaran contaminar el río Sil y califican su acción como “vergonzosa”.
Además, en el caso de ADEGA solicitan ante la Fiscalía de Medio Ambiente que determine “si existe delito ambiental de los hechos transcurridos” puesto que “contravienen todo marco normativo vigente en materia ambiental, de residuos o de planificación hidrológica y de protección de aguas”.