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Galicia Ambiental denuncia la “bajada trampa” de la “tasa Sogama”

El anuncio del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, según el cual en el próximo ejercicio se introducirá una bonificación del 15% en el recibo de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) a todos los municipios que se comprometan a instalar el contenedor marrón antes de que acabe el 2023, es un “anuncio trampa” que busca viabilizar un modelo de gestión en cuestión por los nuevos impuestos ambientales al vertido y la incineración. Rueda realizó el citado anuncio tras la polémica generada por la decisión de Sogama y la Consellería de Medio Ambiente de eliminar la bonificación del 10% sobre el canon a la basura, medida que estaba vigente desde hace tres años. La presión política ha hecho que Rueda rectifique, pero con un engaño implícito: la imposición del contenedor marrón como modelo, que no es ni la única ni la mejor opción para la valorización de los biorresiduos gallegos. Por ello, la Asociación Galicia Ambiental considera que existe una “gran demagogia” en este sentido y denuncia esta “bajada trampa”.

En una nota de prensa de la Sociedade Galega de Medio Ambiente del 7 de marzo de este mismo año, se indica que la bonificación del canon de Sogama durante los últimos tres años ha ahorrado a los gallegos más de 9,7 millones de euros. Con esta reducción, Sogama pretendía (dicen) aliviar la presión sobre la economía de las familias fuertemente golpeadas por la crisis del coronavirus y por la subida del precio de la electricidad. Por ello, teniendo en cuenta la crisis económica generada por la guerra que está padeciendo Europa, Galicia Ambiental sostiene que no tiene sentido que se suprima esa bonificación, sobre todo si la intención de la entidad era ayudar a los ciudadanos a nivel económico (evitando subidas de tasas municipales). Si Sogama ha implantado esa bonificación hace unos años para paliar los efectos de la crisis en las familias, ha escogido el peor momento para retirarla.

La bonificación del 10% del canon de Sogama durante los últimos tres años ha ahorrado a los gallegos unos 10 millones de euros, importe que ahora los ayuntamientos van a volver a pagar. Esto, en muchos casos, se traducirá en subidas del recibo de la basura. La bonificación se empezó a aplicar por parte de Sogama entendiendo que sus “beneficios” eran suficientes como para poder asumir esa cantidad de dinero y aliviar las arcas municipales. El inminente incremento de costes, que deberá afrontar Sogama por la entrada en vigor de las tasas al vertido y la incineración que impone la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados, se llevará por delante esta iniciativa que beneficiaba a “los que mejor lo hacían”.

La ley establece que los costes de la prestación de servicios públicos tiene que ser repercutida al ciudadano mediante el correspondiente recibo de gestión de servicio. Es decir, el importe de la gestión de la basura que le cueste a un ayuntamiento tiene que ser dividido entre el total de la población, en función del consumo o del uso que se haga de esos servicios públicos. La realidad es que buena parte de estos se están pagando fuera del rango de precio real. La gestión de residuos, recogida, limpieza, gestión y tratamiento es una responsabilidad única y exclusiva de los ayuntamientos. En el caso de buena parte de los ayuntamientos de Galicia, se ha subrogado una parte de esa obligación en Sogama. Es decir, han aceptado (al igual que se quiere hacer ahora con la “Sogama del agua”) que sea esta empresa “público-privada” quien les aparte el problema, en lugar de buscar soluciones de tratamiento en el ámbito local o comarcal de sus residuos. Por lo tanto, los ayuntamientos son, cada vez más, prisioneros de las decisiones que tome la Xunta.

Es importante destacar que la Xunta y Sogama incurren en un grave error con este cambio lineal e indiscriminado, ya que se penaliza a quien lo hace bien. La bonificación del 10% se les aplicaba a aquellos ayuntamientos que estaban “realizando los deberes”, es decir, a los que mejor estaban haciendo la separación y la preparación de la recogida selectiva. Ahora, cuando enfrentamos el año que viene la obligada gestión separada de los residuos orgánicos, con una incapacidad clara en Galicia para afrontar una gestión adecuada, se penaliza con esta retirada de la bonificación a 150 ayuntamientos que estaban haciendo las cosas de la manera “más correcta” y se desvía la atención con el anuncio de una “bonificación-trampa”.

Pese a todo, esta cuestión no se puede plantear como una subida de precios (tal y como plantea una parte de la oposición), ya que lo único que hará la Xunta es dejar de aplicar una bonificación que estaba vigente los últimos años. En la práctica, lo que ocurre es que los ayuntamientos vuelven a pagar lo que estaban pagando antes de ese descuento, indistintamente de su grado de compromiso con la gestión adecuada de los residuos, en una suerte de “café para todos” insostenible.

Desde Galicia Ambiental se pide, ahora que estamos a tiempo, un replanteamiento de la gestión de los residuos orgánicos, la recuperación de un sistema de “primas” a los ayuntamientos que mejor lo hacen y la bonificación del 15% en función de los objetivos alcanzados en cuanto a la gestión de materia orgánica a los que obliga la ley. Todo ello sin imponer modelos condenados (en buena parte de los casos y de los pueblos) a no poder utilizar el producto final obtenido por compostaje, imposibilitándose su uso como fertilizante por la baja calidad de la separación o la presencia, por ejemplo, de metales pesados. Esto los llevará indefectiblemente al mantenimiento de una consideración (a pesar del tratamiento aplicado) de biorresiduo, únicamente apto para ser destinado vertedero o incineración (salvo que esta última sea la intención encubierta y final de la Xunta y Sogama).

La recogida selectiva orgánica debería adaptarse a las posibilidades y peculiaridades de cada localidad, desde el puerta a puerta al auto-compostaje, pasando por el contenedor de orgánico con acceso controlado, etc. El tratamiento debe estar abierto a la colaboración con otras plantas ya existentes (como el intercambio de CDR por orgánico) y apoyar iniciativas comarcales para implementación de modelos como como el compostaje o la biometanización (incluso combinado con la gestión de residuos agrarios en comarcas en que estos son fuente severa de contaminación de aguas como A Limia, Deza, etc). La gestión en cercanía y la eficiencia energética deberían marcar el nuevo rumbo, en el que la incineración y el vertido serán penalizados.

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