El veto a la pesca de fondo y sus dos caras
Los distintos colectivos ecologistas, más allá de cuestiones socioeconómicas y visto exclusivamente desde una perspectiva medioambiental, concuerdan con la decisión de la Comisión Europea de vetar la pesca de fondo en diversas áreas del Atlántico para proteger los ecosistemas marinos, pero no con las formas: es necesaria la protección de espacios, más cuando en estos se basa buena parte de las posibilidades de reproducción de especies con interés comercial. Sin embargo, no se puede hacer a costa de la destrucción de un tejido productivo vital para toda una comunidad… sin alternativas para la actividad o, en su caso, sin los apoyos y ayudas financieras que compensen un cambio radical. A ello se une la escasa “visión de conjunto” medioambiental: Europa no dejará de consumir ese pescado y tendrá (ocurre ya de forma creciente) que importarlo de otros países (principalmente China) con métodos y caladeros muy lejos de los mismos principios de sostenibilidad que aquí se intentan imponer.
El sector medioambiental (tanto organizaciones ecologistas, como colectivos ambientalistas más inclinados a la búsqueda del equilibrio entre actividad económica y conservación) incide en que esta limitación afecta apenas a un 1% del territorio de caladeros de pesca profunda, destacando también que no se están valorando suficientemente las consecuencias positivas o beneficios que la decisión tendría para la mejora de poblaciones. Así, se apuesta por encontrar un punto de equilibrio entre la protección de la biodiversidad y el mantenimiento de una cierta capacidad extractiva de pesca que nutra los mercados. Con esto, se intenta evitar que estos caigan en manos de terceros, donde las garantías ambientales y de sostenibilidad de las pesquerías son (en la práctica) inexistentes. La necesaria reducción (y hasta eliminación) de la pesca de arrastre de fondo en el mundo se mezcla en este caso con prohibiciones de otras modalidades de fondo, arrastrándolas a un conflicto de dificil solución e intereses contrapuestos.
Esta reacción se debe a las actuales protestas masivas del sector pesquero ante la decisión de la Comisión Europea de vetar la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico, incidiendo en que tendrá “consecuencias devastadoras” para la flota gallega. Las cofradías de pescadores afirman que la decisión afecta directamente a unos 80 barcos gallegos, pero que acabará repercutiendo en toda la flota. Además, los representantes del sector critican que esta medida, que tiene por objetivo salvaguardar el ecosistema marino, se ha hecho con un informe científico “poco solvente”. La decisión implica prohibir el acceso a la pesca de arrastre a una superficie de 16.419 kilómetros cuadrados de reservas para la protección de ecosistemas marinos vulnerables por debajo de los 400 metros.
La Xunta de Galicia concuerda con estas protestas. La conselleira de Pesca, Rosa Quintana, ha criticado la decisión de la CE cualificándola como “un acto de mala fe”, ya que no ha tenido en cuenta “la repercusión económica que puede tener”. Quintana no descarta la posibilidad de recurrir a la vía judicial y cuestiona las decisiones que toma la Unión Europea: “Una vez más, se decantan por la parte medioambiental, sin tener en cuenta la social ni la económica, e incluso la medioambiental me parece que tampoco está sustentada”.
La oposición tampoco está a favor de la medida tomada en Bruselas. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) considera “un atentado contra la flota gallega” esta decisión que no tiene en cuenta “el impacto que puede implicar desde el punto de vista económico y de empleo” y que, además, no tiene “motivación científica alguna”. La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, apunta que tras la decisión de este veto hay un interés comercial y que es necesario considerar los tres criterios de evaluación de impacto (científico, ambiental y socioeconómico) para tomar una decisión tan importante. En este sentido, Miranda apuntó que la pesca en Galicia supone cerca del 6% del PIB y que esta medida afecta a 200 barcos de capital gallego y 900 de forma indirecta, con más de 4.000 tripulantes afectados y un impacto económico de casi 900 millones de euros.
Además, la eurodiputada nacionalista trasladó a la Comisión el malestar existente en el sector pesquero gallego y puso en su conocimiento las movilizaciones convocadas próximamente en los puertos de la comunidad. Con el objetivo de hacer frente a esta situación, propuso la creación de una red de eurodiputados de las zonas afectadas y se invite al sector pesquero a participar en la propia Comisión de Pesca para que se puedan expresar ya que, según Miranda, no fueron escuchados. Por otra parte, la eurodiputada del BNG criticó la toma de decisiones de la Comisión Europea con respecto del impacto del Brexit y de la reserva de ajuste.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha instado a la Comisión Europea a suspender la aplicación de este reglamento de ejecución sobre las áreas marinas protegidas, y que “proceda a revisarlo de forma inmediata sobre la base de los nuevos datos científicos que ya están disponibles”. Planas ha afirmado que, en caso de que la CE no acceda a la petición formulada por España (y apoyada por varios Estados miembros como Francia, Irlanda, Portugal, Dinamarca, Grecia y Países Bajos), “tomaremos las medidas que consideremos oportunas”, contemplando la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Efectos positivos en la biodiversidad marina
Sin embargo, el sector medioambiental valora el porqué de esta decisión, recordando los beneficios que esta situación supone para la biodiversidad marina. Javier López, director de campañas de pesca de la organización Oceana en Europa, subraya que esta decisión se propuso inicialmente mediante un reglamento del año 2016 sobre pesca de profundidad. En él se indicaba que, para el año 2018, se deberían cerrar aquellas áreas que tuvieran ecosistemas marinos vulnerables o aquellas en las que fuera probable que existieran. Por ello, “la implantación de estos cierres viene con cuatro años de retraso”. Tal decisión fue aprobada por el Parlamento y los Estados miembros. Parece que a la administración española “le pilla por sorpresa”, pero ha sido un proceso muy largo en el que también ha habido consultas formales.
En este sentido, la Comisión “lo único que hace es implementar un reglamento que fue aprobado por los Estados miembros y por el Parlamento Europeo”. Y, además, López afirma que lo ha hecho “con la mejor información científica que tenía”. Por ello, los cierres están respaldados por criterios científicos y legales: se pidió información al Consejo Internacional del Mar (CIEM), que está formado por expertos de los distintos países. Además, la CE “también estuvo durante años pidiendo a las instituciones científicas dónde estaban esos ecosistemas”.
López incide en que, con estos cierres, se pretende contribuir a cumplir unos objetivos medioambientales que respondan a la crisis de biodiversidad. “La actividad pesquera es una actividad económica, pero lo que tenemos que intentar es avanzar hacia una compatibilidad de la explotación de los recursos con la protección del ecosistema”. Si en ciertas áreas se detecta que puede haber ecosistemas marinos vulnerables, “entendemos que hay que tomar medidas para la conservación”.
El director de campañas de pesca de Oceana en Europa indica que la única duda con respecto a la prohibición es que “no todas las artes tienen el mismo impacto”. Está claro que el arrastre de fondo tiene un efecto muy severo sobre estos ecosistemas y es necesario “prohibirlo en todas las áreas marinas protegidas”, que tardan cientos de años en recuperarse (si es que lo llegan a hacer alguna vez). Sí que es cierto que “la prohibición afecta a otro tipo de artes que quizás tienen un impacto menor que el arrastre de fondo”. Por ello, López apuesta por avanzar en una gestión mucho más específica por artes y apostar por técnicas pesqueras que sean más sostenibles y de bajo impacto. Además, recuerda que estas decisiones serán revisadas anualmente y pueden modificarse en función de las evidencias científicas.
Existen diversas resoluciones de las Naciones Unidas que destacan la vulnerabilidad de los ecosistemas de profundidad, por lo que su conservación es muy importante. A partir de los 200 metros, “las características ecosistémicas de estas aguas son muy diferentes a las de otras aguas muy superficiales”. Las especies que habitan en estos ecosistemas se caracterizan por tener un crecimiento muy lento, pues tardan mucho en desarrollarse y tienen un éxito reproductivo muy bajo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta las consecuencias de la pesca en aguas profundas, no sólo por la incapacidad de las especies de estas aguas para sostener la pesca, sino también por los larguísimos tiempos de recuperación que se requieren incluso tras cortos periodos de pesca.
Es cierto que “estos cierres van a tener un impacto socioeconómico, pues hay flota que está trabajando en estas áreas”. Sin embargo, López destaca que “no podemos olvidar que en lo que tenemos que avanzar realmente es en una gestión pesquera sostenible”. De hecho, recuerda que, en los últimos 40 años, la principal causa de pérdida de biodiversidad marina es a causa de la pesca. “Esto no quiere decir que toda la pesca sea mala, hay pesca que es sostenible y es respetuosa con el medio, pero hay otra que no lo es”.