El descontrolado y desordenado crecimiento del sector eólico genera rechazo
Data: 12/12/2022 Visto: 727 veces
Por segundo año, con motivo del Día mundial de las Montañas, la Coordinadora
“Eólica, Así Non” ha convocado a la sociedad gallega a movilizarse frente a la
actual invasión eólica. De esta manera, la jornada de ayer estuvo marcada por el rechazo a un crecimiento descontrolado y carente de planificación de parques eólicos, convocada bajo el lema “Na defensa das montañas. Eólica Así Non. Temos alternativa”. Los
más de 300 proyectos de energía eólica y 7 proyectos de nuevas hidroeléctricas en tramitación, junto con sus líneas de evacuación y otras infraestructuras asociadas (sumados a los ya en funcionamiento) tendrían un impacto irreparable en el conjunto de las montañas, montes y otras elevaciones naturales. En este sentido, se pondría en
riesgo la supervivencia del rural gallego y el equilibrio ecológico del país.
Según la Coordinadora, el modelo de transición energética que se está imponiendo por los gobiernos de la Xunta de Galicia y del Estado español
no responde a los principios de una transición ecológica justa ni arregla los defectos estructurales del actual sistema energético. Así, existen otros modelos realmente justos y sostenibles: son aquellos que entienden la energía como un derecho fundamental de la sociedad para tener una vida digna; y que ponen el interés social y la protección de la naturaleza por delante del lucro y de la especulación.
Los modelos energéticos alternativos que destaca “Eólica, Así Non” tienen los siguientes
principios fundamentales: proteger la naturaleza; preservar los caladeros de pesca y de los corredores ecológicos marinos; cuidar y valorar el patrimonio; derecho a una energía compatible con la soberanía alimentaria; apuesta por el ahorro y eficiencia energética antes que el aumento en la generación; defender la soberanía sobre nuestros recursos frente al expolio energético; planificación eólica con fines socioambientales y al servicio del país; participación pública frente a los recortes democráticos e ilegales; y principio de precaución para la preservación de la salud pública.
Rechazo por parte de ALIENTE
El estudio
“Renovables sostenibles: fotovoltaica” de la
Alianza, Energía y Territorio (ALIENTE), desarrollado por el
Observatorio de Sostenibilidad, afirma que en España “existen superficies antropizadas suficientes como para instalar
181 gigavatios de potencia solar (GW), que producirían más de 272.037 GWh/año en energía fotovoltaica”. Se trata de unas cifras superiores al consumo anual que se produjo en España en el año 2021, de 259.905 GWh. En este sentido, el estudio indica que es posible desarrollar un avance importante en la
producción de energía fotovoltaica con un mínimo impacto ambiental, “asegurando una transición verdaderamente sostenible y eficiente, y respetando los procedimientos de evaluación de los efectos que esta industria tiene sobre el medio ambiente”.
Según el informe, existen
más de 300 mil hectáreas en tipos de superficie (como tejados y cubiertas, zonas industriales, vertederos, escombreras, minas abandonadas, zonas aledañas a infraestructuras de autovías, autopistas y vías férreas, canales al aire libre e invernaderos) en los que sería posible instalar fotovoltaica. Concretamente, en tejados y cubiertas de edificios y naves habría un 57% de superficie disponible para instalar fotovoltaicas; en invernaderos un 17%; en infraestructuras mineras un 16%; en la red viaria un 5%; un 3% en canales; el 1% en vertederos y escombreras y en ferrocarril; y el resto hasta completar la producción de la energía necesaria estaría ubicado en zonas industriales.
Así, los datos recogidos en este informe ratifican la premisa que defienden
“Renovables Sí, Pero No Así” con la que se exige otro modelo de implantación de energías renovables (que evite graves impactos ambientales y sociales). Además, esta forma se acercará a los puntos de producción y consumo de energía. En este sentido, se concluye que la implantación de fotovoltaicas puede ser “
distribuida, eficiente y sostenible, además de reducir la importación de combustibles fósiles, disminuir emisiones de gases de efecto invernadero y no tener un impacto sobre la biodiversidad ni los territorios”.
ALIENTE califica como “totalmente insostenible” la actual política de instalar paneles solares en campos de cultivos y ecosistemas forestales. Además, considera “muy alarmante” la propuesta de la Comisión Europea con el reglamento para acelerar los procesos de implantación de renovables. Así, destaca que si se quiere acelerar la implantación debe hacerse sobre los suelos antropizados porque “hay espacio de sobra”. Por ello, propone que se establezca una
moratoria en la instalación de nuevas plantas fotovoltaicas en el territorio para situarlas en zonas sin impacto ambiental. En este sentido, es “fundamental y urgente” la agilización de la concesión de ayudas para el autoconsumo desde las comunidades autónomas, eliminar las trabas de conexión a la red para excedentes, y fomentar las comunidades energéticas agilizando sus trámites.
Por otra parte, Alianza, Energía y Territorio viene de abrir una
campaña de información a la ciudadanía y campaña de presión vía mailing a los eurodiputados/as para que se opongan a los
artículos 15 y 16 de la directiva COM222 que, argumentando un "Interés público superior", facilita la implantación exprés de estas macro industrias renovables, sin estudios de impacto ambiental y acota la participación ciudadana.
Además, ALIENTE recordó que
mañana, 13 de diciembre de 2022, se reúne el
Consejo de la UE para decidir si aprueba el reglamento de aceleración del despliegue de las renovables que reduce los controles ambientales de los planes y proyectos energéticos. En este sentido, cientos de científicos están firmando una
carta abierta en defensa de la preservación de las medidas existentes de protección de la biodiversidad (sinexcusa.org). Todos aquellos colectivos que quieran apoyar la carta del mundo científico pueden enviar el nombre, persona y correo de contacto a sinexcusa.contacto@gmail.com con la mayor brevedad posible.
Sucesión de reveses judiciales y administrativos
En febrero del 2017, el documento inicial del futuro
parque eólico de Monte Chan generó un gran rechazo al prever que una parte de las instalaciones afectaría a la zona de los Penedos de Pasarela, Paisaxe Protexida. Meses después, la propia compañía promotora, EDP, anunció que esa zona quedaría libre de molinos. Sin embargo, se conoce ahora el “modificado sustancial” de este proyecto, cuyo
estudio de impacto ambiental ha sido remitido a los concellos afectados (Vimianzo, Laze, Zas y Camariñas).
El parque se ha ensanchado hacia el oeste, evitando la zona protegida con respecto al primer diseño. Según el estudio de impacto, “se ha procedido a reubicar algunas de las posiciones, de forma que en la Paisaxe Protexida de los Penedos de Pasarela e Traba, con el diseño de esta alternativa [la elegida, de una de las dos analizadas], no queda ocupado de forma permanente por ningún aerogenerador ni ningún vial, solo se produciría afección directa durante la fase de obra por excavación de zanja de cableado”. Este parque de Monte Chan constará de
diez aerogeneradores de cinco megavatios de potencia cada uno, por lo que la instalada será de 50 megavatios. A cada molino se le estima una actividad anual de 3.511 horas. Por su parte, el presupuesto es de algo más de
48 millones de euros, mientras que el plazo de las obras es de 95 semanas.
Esta noticia forma parte de las decenas de novedades relevantes que se están produciendo en los últimos meses y que, tras la
reacción ciudadana, están haciendo que las administraciones públicas reaccionen a los atropellos al patrimonio cultural, a las actividades económicas tradicionales o al medio ambiente que algunos parques provocan. Paralelamente, varias
sentencias judiciales cuestionan los procedimientos administrativos seguidos para algunas concesiones o directamente declaran ilegal alguna de ellas. La gallega
Greenalia ha sido una de las últimas en ver como uno de sus proyectos es anulado por su impacto ambiental y las irregularidades en su tramitación.