¿Galicia especula con los residuos?
Las malas prácticas en la gestión pública de los residuos en Galicia empiezan a ser más que una sospecha. Por una parte, la guerra (nada larvada) entre el modelo de “gestión única” impuesto por la Xunta de Galicia desde la época de Manuel Fraga, a través de una ineficiente Sogama que sistemáticamente interfiere en los otros modelos de gestión: los seguidos en Coruña y su área metropolitana y en Serra do Barbanza. Todas las armas son desplegadas para evitar que los residuos sean gestionados fuera del “circuito Xunta” (incineración, cuestionada ahora por la UE y la nueva Ley de Economía Circular): inversiones millonarias en medios de comunicación para la compra de información (en muchos casos en medios nacionales sin seguimiento alguno entre el público objetivo/usuario); utilización de bloqueos institucionales o las inspecciones discreccionales (cercanas al acoso en algunos casos) y aireadas en medios a las plantas de Coruña y Lousame; e incluso notas de prensa, en las que se cuestiona el modelo húmedo/seco, seguido en estas dos instalaciones y atribuyendo torticeramente como fuente al propio Ministerio o a la Unión Europea.
Por otra parte, el proceso de privatización y concentración en una misma “organización”, a través de procesos escasamente trasparentes, de las concesiones relacionadas con la gestión pública de la basura en un mismo entorno empresarial: el ourensano grupo Copasa y sus compañías relacionadas familiar y/o accionarialmente como Valtalia, SETEC Building, Sociedad Gallega de Polímeros, Papeles y Desarrollos, Espina Obras Hidráulicas, etc. El sector gallego de gestión de residuos se está convirtiendo en un sector especulativo y en un monopolio, en el cual las compañías operadoras –cada vez menos, ya que renuncian a presentarse a concursos por las escasas posibilidades y el riesgo de verse obligadas a litigar luego en tribunales– adquieren nuevo valor, especialmente para los fondos de inversión. Incrementar el valor de cartera es la prioridad, haciéndose con jugosos contratos, como en el citado caso con casi todas las concesiones de Sogama o las de ciudades como Lugo (todas en medio de fuertes polémicas y dudas sobre la falta de trasparencia). En el centro de la polémica la gallega se encuentra Valtalia y sus empresas satélite, un conglomerado empresarial vinculado al grupo constructor ourensano Copasa. Las concesiones de Sogama y la gestión de plásticos están en el centro de las dudas, y los repetidos incendios de sus instalaciones no aportan seguridad sobre el “know-how” ambiental de la compañía.
Último episodio de la concentración de concesiones
El 13 de diciembre de 2021, Sogama publica la resolución del expediente del proceso de licitación de la Concesión del Servicio de la Operación y Mantenimiento de Planta de Cogeneración, Planta Termoeléctrica y Comunes del Complejo Medioambiental de Cerceda 2020G-DTE-0109-SARA-CONS. El expediente tiene “sólo” dos ofertantes: (1ª) UTE SOCIEDAD GALLEGA DE POLÍMEROS, S.A.-SETEC BUILDING, S.L.U-ESPINA OBRAS HIDRAÚLICAS, S.A; y (2ª) UTE VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.-FCC MEDIO AMBIENTE, S.A.U. La mator parte de las grandes empresas del sector optaron por no presentarse ante lo que, por fuentes cercanas, fue calificado como “pliego precocinado” y en un concurso convocado en plenas vacaciones de agosto. ¿Qué significa “pliego precocinado”? Basta con analizar los criterios de valorización que define el Pliego de Condiciones Administrativas en el Anexo VI y VII:
| Criterios | Aspectos | Máximo | |
| 1. Criterios de valoración dependiente de juicios de valor | Criterios técnicos | 45 | Solo superan la valoración los que obtienen > 30% de los puntos |
| 2. Criterios de valoración dependiente de fórmulas o porcentajes | 55 | ||
| Medidas de conciliación | 5 | ||
| Producción Neta Garantizada | 15 | Existe un límite máximo por tanto no puede haber diferencias de puntos | |
| Propuesta económica | 35 | Límite de baja temeraria más restrictivo que el que marca la LCSP |
Los criterios de valorización subjetivos establecían que se valoraba de partida el conocimiento del actual explotador frente a cualquier propuesta innovadora de la prestación del servicio que pudiera venir de algún otro licitador. Además, la asignación de puntos de la valoración objetiva hace muy difícil recuperar cualquier diferencia de puntos en el bloque de valoración subjetiva sin incurrir en baja temeraria. Esto se debe a que Sogama ha marcado un límite muy estrecho en la propuesta económica.
Así, en la resolución del 13 de diciembre la oferta de Sogama acredita la puntuación de ambos licitadores, mostrando el cuadro de asignación de puntos (donde se pone de manifiesto lo comentado anteriormente) y fija el precio de licitación en 196,8 MM€.
Sin embargo, en el informe de valorización de criterios objetivos emitido se acredita que la oferta del licitador SACYR – FCC fue de 21,2 MM€ más barata que la del grupo ourensano. Esta oferta fue aceptada por Sogama según el informe del 16 de noviembre previa solicitud de aclaración al licitador. Sin embargo, en ese informe Sogama adjudica a la UTE ourensana el concurso. El criterio de valoración subjetiva muestra la preferencia “injustificada” de la empresa por el actual explotador y concesionario de casi todas las secciones de Sogama, ya que no ha valorado medidas innovadoras ni las consecuencias derivadas de la entrada en vigor de la nueva Ley de Residuos o la necesaria desaparición de la incineración de materia orgánica desde 2023 (que debe recogerse y reciclarse de forma separada).
De hecho, los criterios subjetivos de valoración favorecen el detalle del conocimiento del servicio, lo que provoca que se favorezca más al actual explotador que a alguien que pueda ofertar un modelo más eficiente y económico. Ejemplo de la ineficaz gestión actual de propietario y concesionario, es que Sogama gasta en la actualidad más de 400.000 MW de gas natural para el proceso de secado de la materia orgánica que luego quema, algo que la resolución del concurso consagra pero que no será real ni legal desde 2023. Curiosamente, ambas empresas concursantes evalúan entre 350.000 y 372.000 MW el potencial de generación eléctrico, un negocio ruinoso actualmente para Sogama, en el que sólo gana el suministrador de gas (socio de la Xunta en la propiedad de la Planta de Residuos). A precios actuales de mercado mayorista, el gas que gasta Sogama en secar materia orgánica para luego quemarla es de 5,5 millones de euros al año (0,013594 €/kwh).
Fuentes del sector coinciden en dar por seguro que la quema de plásticos, unidos al CDR de rechazos, será el futuro combustible con los que el nuevo adjudicatario espera alimentar la incineradora, a pesar de que la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados para la Economía Circular (aprobada la pasada semana en el Congreso y de obligada trasposición a Galicia) limitará la incineración de forma muy significativa.
La relación del conglomerado ourensano con el mundo del plástico
El mismo grupo empresarial, a través de alguna de sus empresas, se están haciendo con una parte importante del mercado nacional del plástico, importando este material en toda España (especialmente de uso agrario y sobre todo los dos de cubierta de invernaderos) y de forma muy llamativa procedente de la otra punta de España: las provincias de Almería y Granada y sus inmensos cultivos a cubierto de localidades como El Ejido y Motril, Torrenueva o Calahonda. Miles de toneladas de plástico son trasladadas a Galicia, adquiridas a coste cero (el negro de suelo) o en torno a los 120 euros por tonelada. Importación que, en ocasiones, no tiene un destino final demasiado claro. En buena parte, está destinado supuestamente al mundo del reciclaje (previo granceado), pero que en gran medida podrá formar parte del Combustible Derivado de Rechazos – CDR utilizado para la alimentación de la incineradora de Cerceda (ubicada, desde los incendios de Carballiño y Narón, al lado de la Planta de Sogama).
En estas dudas abunda la intención de la Comisión Europea, anunciada esta misma semana, de restringir la exportación de residuos e imponer su procesado en el lugar de producción. Todo esto mediante la modificación de la normativa de Traslado de Residuos a otras comunidades e incluso a otros estados (Valtalia presentó hace escasas semanas un proyecto para construir una planta de reciclado de plástico en Bélgica).
Un historial de fuego
Esta organización empresarial, a través de sus diversas sociedades, ha experimentado sucesos en los últimos años en los que ha tenido como protagonistas sus instalaciones de trazamiento y almacenamiento de plásticos para su reciclado, primero en O Carballiño y después en Narón, instalaciones construidas con fuertes apoyos financieros de la Xunta y fondos europeos. El incendio sucedido en O Carballiño en julio de 2008, arrasó por completo la fábrica Sociedad Gallega de Polímeros (Sogapol), ubicada en el parque empresarial del municipio. La empresa, dedicada a la elaboración de bolsas y embalajes de plástico, daba empleo a 27 personas. En el caso de Narón, el incendio comenzó en el polígono industrial Río do Pozo (enero de 2020), devastando la nave de la empresa Papeles y Desarrollos. En ambos casos nave y aledaños almacenaban en las respectivas naves y en su explanada exterior “balas” y big bag de plásticos de diversas procedencias, entre ellos material recuperado en SOGAMA para envío a reciclador y plásticos agrarios (en principio procedentes del subvencionado plan de recuperación de plásticos agrícolas de la Xunta).
Se trata de una situación que podría reproducirse en sus actuales instalaciones de Cerceda (a escasos metros del recinto de SOGAMA) donde, en un período de tiempo de menos de un año, se ha pasado de unas instalaciones totalmente vacías a acopiar ya centenares de big bags dentro y fuera de la nave. Los materiales que las forman proceden tanto de las instalaciones de Sogama como de plásticos adquiridos en el mercado de plásticos reciclados.
Concesiones que incrementan su valor
Sólo en la segunda mitad del año, la unión temporal de empresas formada por Sogapol, Setec Building y Espina Obras Hidráulicas (todas ellas en realidad integrantes del mismo grupo empresarial) ha conseguido la propuesta de adjudicación del contrato de mantenimiento de Sogama por diez años, con un presupuesto de 196.823.902 euros. Por su parte, la unión temporal de empresas integrada por Copasa, Geseco y Setec ha sido la propuesta por la mesa de contratación del Concello de Lugo para hacerse con el contrato de la basura del municipio durante los próximos 10 años, que supondrá una inversión máxima de 135,1 millones de euros.
Así, la reciente adjudicación de nuevos contratos, algunos de ellos tan jugosos como la planta termoeléctrica de SOGAMA o el de la recogida de basura de Lugo, incrementan el valor de esta compañía. Según ha podido saber Galicia Ambiental, ya se han acercado al menos dos fondos de inversión. Además, se incrementan las posibilidades de que en los próximos meses se consolide alguna de estas, una vez que el valor de la compañía se ha acrecentado de forma exponencial en muy pocos meses por estas concesiones y otras como plantas de trasferencia, plantas de compostaje de Ourense o servicios (recurridos y plagados de sospechas en su tramitación) como Lugo.
*En la foto, exterior de la Planta de almacenaje y procesado de plásticos (la tercera en pocos años del grupo ourensano), está en Cerceda, a escasos metros de la planta y el vertedero de Sogama. En su exterior, y como en los otros casos, ya se acumulan toneladas de plásticos sin enviar a reciclados final en el exterior una vez agotada la capacidad de almacenamiento interior.