Buenas prácticas en el medio rural
En los últimos años, la actividad rural se enfrenta a diferentes obstáculos a la hora de desarrollarse y evolucionar. En este sentido, el Foro Acción Rural (FAR) es una plataforma compuesta por asociaciones y organizaciones no gubernamentales de ámbito estatal, independientes de la Administración, que tienen en común el trabajo a favor del desarrollo rural sostenible en sus diferentes ámbitos de actividad. La plataforma plantea ideas para asegurar la calidad de vida en el medio rural y contribuyendo a la lucha contra el despoblamiento. Así, el FAR quiere visibilizar las necesidades y oportunidades que ofrece el mundo rural, orientando su acción a la promoción de un desarrollo sostenible innovador e inclusivo del mundo rural.
El FAR se enmarca en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un Plan de Acción que nace en el año 2015 del compromiso de los Estados miembros de la ONU con el objetivo de velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad. Para conseguirlo, aborda 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se comprometen a implementar los Estados miembros de la ONU mediante alianzas y la participación de la Administración pública, el sector privado y la sociedad civil hasta el año 2030. La Agenda 2030 integra los tres pilares del desarrollo sostenible: económico, social y ambiental.
De este modo, la plataforma ha tenido en cuenta abarcar los ODS con mayor relevancia en el medio rural: Objetivo 2: hambre cero; Objetivo 5: igualdad de género; Objetivo 6: agua limpia y saneamiento; Objetivo 7: energía asequible y no contaminante; Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico; Objetivo 10: reducir las desigualdades; Objetivo 11: ciudades y comunidades sostenibles; Objetivo 12: producción y consumo responsables. Objetivo 13: acción por el clima; Objetivo 15: vida y ecosistemas terrestres; Objetivo 16: paz, justicia e instituciones sólidas; y Objetivo 17: alianzas para lograr los objetivos.
Buenas prácticas en el medio rural de Galicia
La Xunta de Galicia tiene una guía de buenas prácticas agrícolas, ganaderas y forestales. En él se destaca que, en las últimas décadas, la necesidad de producir más a un precio cada vez más competitivo ha causado que las empresas del sector agrario se especialicen en intensificar cada vez más sus actividades productivas. Esto ha derivado en numerosos efectos negativos sobre el medio ambiente, como la degradación de los suelos, la pérdida de biodiversidad o la contaminación de aguas continentales. Esta intensificación ha originado un aumento de los insumos necesarios por explotación, así como del volumen de residuos agroganaderos generados.
De este modo, para intentar frenar los efectos negativos de la actividad agroganadera sobre el medio ambiente, gobiernos y organizaciones a nivel mundial tratan de integrar la agricultura en las políticas de conservación. Todo ello mediante el fomento de la sostenibilidad y el desarrollo de estrategias para la mejora de la biodiversidad, la protección del suelo, la reducción de contaminantes en las aguas o la lucha contra el cambio climático. En este sentido, se ha integrado el concepto de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el desarrollo de políticas, con el objetivo de servir como ayuda a los profesionales de la agricultura y la industria alimentaria en el cumplimiento de la legislación y las estrategias medioambientales.
La mala gestión de los recursos naturales y el desarrollo inadecuado de las actividades agroganaderas (al igual que las forestales) puede tener efectos muy negativos sobre el medio ambiente y poner en peligro su sostenibilidad productiva. Estos efectos se hacen visibles a corto plazo en las zonas más próximas a las explotaciones y en las regiones de mayor superficie, alterando parámetros de calidad ambiental que afectan a cuatro elementos básicos: suelo, agua, aire y hábitats. Entre estas consecuencias negativas destacan la erosión y pérdida de fertilidad de los suelos; la contaminación de las aguas y la disminución de sus propias reservas; y el cambio climático.
En cuanto a las buenas prácticas agrícolas, la guía indica una serie de recomendaciones prácticas generales que se aplican al manejo de las tierras de cultivo: la utilización de asesoramiento profesional cualificado; la ubicación del terreno, es decir, el agricultor debe asegurarse de si el terreno pertenece a alguna de las zonas de especial protección establecidas por la Administración y adaptarse a la normativa específica; la cumplimentación del cuaderno de explotación; realizar un análisis detallado de las características físicas y químicas del suelo de la finca al menos cada tres años; asegurarse de no alterar los elementos estructurales del terreno agrícola; y realizar acciones de mantenimiento periódicas de los elementos estructurales.
Por su parte, en lo que se refiere a buenas prácticas ganaderas, la guía explica que es necesario conocer la biología, necesidades y costumbres de los animales con los que se trabaja. Además, también es importante conocer el entorno geográfico en el que se enmarca o si se localiza en alguna de las zonas de especial protección. Las explotaciones ganaderas deben estar alejadas entre sí y mantener una distancia prudente a focos potenciales de comunicación. Como norma general, todas las explotaciones deben: estar registradas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA); tener identificados y registrados en el cuaderno de explotación y en registro público todos los animales que se dan de alta y de baja en la explotación; cubrir convenientemente el libro sanitario de la explotación; y acudir en la medida de lo posible a las jornadas de formación, cursos, ferias y congresos que tengan lugar cerca de su localidad.
Además, la Xunta de Galicia también desarrolla un Código galego de boas prácticas agrarias, en el que se recogen aquellos aspectos específicos de las principales líneas de producción agrícola y ganadera que podrían dar origen a la contaminación por nitrógeno y se proponen una serie de medidas y prácticas dirigidas a reducirlo al mínimo. El cumplimiento de las medidas recogidas en el código es de carácter voluntario, pero dada la posible incidencia en la normativa recogida en la Ley de aguas (Ley 29/85, del 2 de agosto) y en el Reglamento del dominio público hidráulico (Real Decreto 844/96, del 11 de abril de 1986) se recomienda su puesta en práctica.
Buenas prácticas en “precios justos”: el caso de la leche
En cuanto al precio de la leche, el Sindicato Labrego Galego (SLG) indica que, para concretar cuál sería su precio recomendado (ecológico o convencional) se necesitan los indicadores de costes oficiales y actualizados, demanda que hacen constantemente desde el sindicato a la Consellería y al Ministerio. Después de mucha presión, la Consellería publicó en marzo un documento en el que concretaba 42cts./l. coste de producción, pero nunca más subieron mucho estos costes. Ahí se encuentra una de las principales dificultades para reivindicar precios justos. Teniendo en cuenta este contexto de partida, el SLG supone que un precio justo aproximado para la leche en origen debería estar como mínimo en los 48cts./l. ou 50cts./l.
Sostenibilidad social
La sostenibilidad social constituye la garantía del desarrollo sostenible de las áreas rurales. Así, para que éste sea efectivo, es imprescindible que se produzca la retención demográfica, la cual sólo será posible con la mejora de las condiciones de bienestar de estas poblaciones. Esto podrá llevarse a cabo con un aprovechamiento sostenible de los recursos, con una economía diversificada y con la generación del desarrollo endógeno. En este sentido, “La sostenibilidad social del medio rural a debate” es un simposio coordinado por Eloy Gómez Pellón (AIBR) y Santiago Amaya Corchuelo (ASANA) que trata de suscitar el interés de todos aquellos investigadores interesados en el estudio de la sociedad rural, en toda su diversidad.