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Asociaciones ambientalistas advierten que el reglamento para acelerar el despliegue de las renovables no se ajusta al derecho de la UE

La propuesta de reglamento para acelerar el despliegue de las energías renovables en Europa, presentada por la Comisión al Consejo de la Unión Europea, no se ajusta al derecho de la propia UE por falta de base jurídica y vulneración del principio de no regresión, entre otras razones. En este sentido, la Asociación Galicia Ambiental y diversas asociaciones de toda España vienen de pedir al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y en especial a su ministra, Teresa Ribera, que no apruebe el reglamento para acelerar el despliegue de las energías renovables en el Consejo extraordinario de Energía que tiene lugar hoy.

El 20 y 21 de octubre de 2022 se celebró un Consejo Europeo en el que se trataron diversos temas como el conflicto en Ucrania; las infraestructuras críticas; la crisis energética y medidas económicas; y las relaciones exteriores. El Consejo pidió a la Comisión que, en relación con la crisis energética, presentara de forma urgente decisiones y propuestas relativas a ciertas medidas adicionales de carácter económico. Entre ellas, incluyó la agilización de la simplificación de los procedimientos de concesión de permisos con el fin de acelerar el despliegue de las energías renovables y las redes.

Como resultado, el 9 de noviembre de 2022, la Comisión presentó al Consejo de la Unión Europea una propuesta de reglamento para “acelerar el despliegue de las energías renovables” (COM(2022) 591 final 2022/0367). En ella, se propone la declaración de interés público superior la planificación y operación de instalaciones renovables y de su conexión a la red y de la propia red y activos de almacenamiento, por lo que permite eliminar la evaluación de impacto ambiental de estos proyectos. Solamente aquellos intereses públicos que realmente son “superiores” pueden considerarse legitimados para causar deterioro en los más altos valores de los ecosistemas que nos sostienen.

En este sentido, la Fundación Nueva Cultura del Agua y la Plataforma para una Transición Ecológica Justa han presentado un informe que realiza un análisis jurídico utilizando el conocimiento científico más reciente disponible. El estudio concluye que la propuesta de reglamento para “acelerar el despliegue de las energías renovables” presentada el 9 de noviembre de 2022 por la Comisión al Consejo de la Unión Europea no se ajusta al Derecho de la Unión Europea por al menos las siguientes razones:


Falta de base jurídica, ya que no cabe entender razonablemente que las excepciones ambientales propuestas pueden considerarse incluidas en el concepto de ayuda financiera a los Estados miembros que se recoge en el artículo 122 del TFUE, elegido fundamento de la propuesta.


Vulnera el principio de no regresión ambiental contenido implícitamente en el objetivo de alcanzar una sostenibilidad basada en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente y en el fomento de la solidaridad entre las generaciones establecido en el artículo 3.3 del TUE, pues reduce el grado de protección vigente al ampliar las excepciones.


Contradice el principio de integración establecido en el artículo 11 del TFUE y el artículo 37 de la Carta de Derechos Fundamentales al impedir exigencias fundamentales de la protección del medio ambiente se integre en la definición y realización de las políticas energéticas.


Transgrede los límites establecidos en las principales directivas de la protección de la biodiversidad y los ecosistemas (artículo 6, apartado 4, y el artículo 16, apartado 1, letra c), de la Directiva 92/43/CEE, el artículo 4, apartado 7, de la Directiva 2000/60/CE y el artículo 9, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/147/CE) y el principio de control caso por caso, abocando a importantes riesgos de deterioro que no han sido evaluados y, por tanto, contradicen el principio de cautela del artículo 191.2 del TFUE.

No es aceptable que, en una Comunidad de Derecho como la Unión Europea, las instituciones no se ajusten a los Tratados Constitutivos y que establezcan normas que suponen una regresión de los niveles de protección ambiental alcanzados. El estatus quo de la UE en la protección de la biodiversidad y las aguas y sus ecosistemas no debe ser sometido por intereses privados en la producción energética de renovables.

Aplazada la votación al 13 de diciembre

La Plataforma para una Transición Eléctrica Justa ha hecho llegar el agradecimiento a todos los que participaron en la acción de rechazo el pasado miércoles 23. En este sentido, se ha aplazado la votación al 13 de diciembre, por lo que es indispensable seguir unidos para hacer frente a esta amenaza.

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