Alarma ecologista ante la propuesta de Bruxelas que flexibiliza emisiones, evaluaciones ambientales y control industrial
La Comisión Europea acaba de presentar la denominada Ley Ómnibus Ambiental, un conjunto de modificaciones legislativas que, según la propia institución, tiene como objetivo simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y facilitar la competitividad de las empresas europeas. La Comisión sostiene que estas medidas permitirán “eliminar cuellos de botella”, agilizar permisos y adaptar la regulación a las necesidades de una economía más dinámica. No obstante, la reacción de las organizaciones ecologistas fue inmediata y contundente, denunciando que detrás de la simplificación se esconde una profunda desregulación que pone en riesgo los avances ambientales de las últimas décadas.
ADEGA fue una de las primeras entidades en alertar sobre el alcance del paquete. La asociación gallega subraya que la propuesta afecta “desde la mayor permisividad con las emisiones industriales, ganaderas y de productos químicos hasta la simplificación de las evaluaciones ambientales”. Según esta organización, la Ley Ómnibus pretende incluso permitir que determinadas empresas no notifiquen sus emisiones ni sus consumos de agua o energía, además de “derogar la exigencia de las empresas de aportar información sobre sustancias preocupantes presentes en diferentes productos”. Para ADEGA, las intenciones reales de la Comisión quedan en evidencia al promover modificaciones que “supondrían un retroceso gravísimo en materia ambiental y de derechos ciudadanos alentado por los lobbies industrial y minero”. La entidad denuncia que el paquete vulnera principios fundacionales de la UE, como el principio de precaución y el de no causar perjuicio significativo, y añade que se están atacando directamente derechos fundamentales como el acceso al agua y el derecho a un medio ambiente limpio. Sobre el ámbito de la Directiva Marco del Agua, ADEGA insiste en que se pretende “catalogar como buen estado una masa de agua pese a tener contaminantes que superan las normas de calidad ambiental”, algo que, en su opinión, “supondría distorsionar la realidad”.
En la misma línea se expresó Greenpeace, que se sumó a un manifiesto junto con más de trescientas organizaciones europeas para pedir al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que bloqueen la iniciativa. La organización considera que la Ley Ómnibus “mina los avances logrados en las últimas décadas en las políticas ambientales de la Unión Europea y compromete la capacidad de garantizar derechos humanos básicos relacionados con la salud y el medio ambiente”. El manifiesto alerta de que la supresión de obligaciones de reporte y transparencia por parte de las empresas dificultará el control público e institucional, reducirá la rendición de cuentas y facilitará que actividades potencialmente dañinas se desarrollen con menor supervisión. Para Greenpeace, el paquete representa “un riesgo estructural para el Pacto Verde Europeo” y “un paso atrás que compromete la credibilidad de la UE como referente en materia ambiental”.
Ecologistas en Acción calificó el paquete como “un golpe a la naturaleza y a la ciudadanía”. La organización, que lleva meses advirtiendo de una tendencia creciente a la flexibilización ambiental dentro de la UE, considera que la propuesta supone un retroceso “profundo y peligroso” en estándares que protegen la salud pública y la biodiversidad. Fuentes de la entidad denuncian que medidas como la aceleración de las evaluaciones ambientales, el relajamiento de requisitos sobre sustancias químicas o la simplificación de trámites para instalaciones industriales y ganaderas “no son simples ajustes técnicos, sino decisiones políticas que reducirán la capacidad de las administraciones para prevenir impactos y garantizar un nivel adecuado de protección ambiental”. Ecologistas en Acción lamenta que se utilice como justificación la necesidad de competir frente a potencias como Estados Unidos o China, cuando “la competitividad no puede basarse en la erosión de los derechos sociales y ambientales”.
También organizaciones científicas y entidades jurídicas especializadas en derecho ambiental manifestaron preocupación por la falta de una evaluación rigurosa de los impactos. Advirtieron de que la Comisión promueve cambios de gran alcance sin un análisis claro de las consecuencias sobre la calidad del agua, del aire o de la biodiversidad y sin medir los efectos potenciales sobre la salud pública. Según estas entidades, la narrativa de la simplificación oculta una reducción de las garantías que dificultará la detección temprana de problemas ambientales y limitará la posibilidad de corregir daños antes de que se conviertan en irreversibles.
La aplicación de estas medidas puede tener implicaciones muy directas en Galicia, donde existen numerosos proyectos industriales, extractivos y de alto consumo hídrico que se encuentran en fase de tramitación o debate social. La flexibilización de las evaluaciones ambientales y la reducción de plazos en los procedimientos de autorización podría facilitar la progresión de proyectos mineros como los de Doade y Touro, que llevan años generando preocupación por el riesgo de contaminación de acuíferos, por la posibilidad de drenajes ácidos y por el impacto sobre ríos y zonas de alto valor ecológico. Con el nuevo marco regulador, estos proyectos podrían avanzar con menor supervisión técnica, menos estudios obligatorios y plazos más cortos para alegaciones y participación ciudadana.
Uno de los sectores más sensibles es el del agua. Galicia, con una extensa red de ríos y zonas húmedas y con una fuerte dependencia de actividades vinculadas a la calidad de las aguas como el marisqueo y la pesca, se vería especialmente afectada por cualquier modificación que permita deterioros temporales o que flexibilice los criterios para declarar el buen estado ecológico de las masas de agua. Si la normativa europea pasa a permitir que ciertas concentraciones de contaminantes no impidan la declaración de buen estado, proyectos industriales con elevado consumo hídrico o riesgo de vertidos podrían obtener permisos con mayor facilidad. Esto afectaría directamente ríos como el Ulla, el Tambre, el Eume o el Miño, así como rías especialmente vulnerables a los cambios en la calidad del agua.
Además, Galicia se enfrenta al reto de proyectos industriales como instalaciones de celulosa y centros de datos, que requieren grandes volúmenes de agua y consumos energéticos significativos. En un contexto de flexibilización, estas instalaciones podrían recibir autorizaciones más rápidas y con menos requisitos ambientales, incrementando la presión sobre recursos hídricos que ya están sometidos a usos intensivos. Los efectos sobre la ría de Arousa, sobre la costa norte o sobre los acuíferos del interior podrían ser sustanciales si la protección ambiental se reduce.
Otro aspecto clave es el de la transparencia. La disminución de las obligaciones de reporte por parte de las empresas dificultaría el control institucional y social, reduciendo la capacidad de la ciudadanía, de los ayuntamientos y de las ONG para detectar incumplimientos, evaluar riesgos o reaccionar ante episodios de contaminación. Galicia, donde la participación ciudadana en cuestiones ambientales suele ser intensa y organizada, vería recortados los plazos para presentar alegaciones y la capacidad para influir en decisiones que afectan directamente al territorio.
A medio y largo plazo, los expertos consultados por las organizaciones ecologistas consideran que las consecuencias económicas podrían ser negativas. La pérdida de calidad ambiental impactaría en sectores estratégicos para Galicia, como el turismo de naturaleza, la pesca artesanal, el marisqueo y la agricultura de calidad. Además, los costes de restauración ecológica o de descontaminación, en caso de producirse daños significativos, suelen superar ampliamente los beneficios inmediatos derivados de la flexibilización normativa.